El FreSU lleva al Estado argentino a la CIDH y deberá dar explicaciones por la reforma laboral regresiva.
El Estado argentino deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué impulsó y puso en marcha una regresiva reforma laboral (Ley 27.802) que, como denunció el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”. Así lo resolvió el organismo internacional y convocó al Estado a una audiencia presencial, que se desarrollará en Washington el próximo martes 4 de agosto.
“La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el FreSU en la presentación realizada conjuntamente con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA).
Además, al detallar las políticas que desarrolló el gobierno nacional hasta lograr la sanción de la regresiva reforma laboral la denuncia precisó: “El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión. Junto a la saturación del debate público mediante la inclusión de iniciativas legislativas de largo aliento, las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.
Estas políticas denunciadas continuaron profundizándose en la Argentina, con casos como la multimillonaria multa por más de 21 mil millones de pesos al sindicato ferroviario de La Fraternidad, o la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.
